Los analistas prevén que la política en 2026 estará condicionada por el caso Koldo, el rol de Ábalos y los procesos a familiares de Pedro Sánchez. En paralelo, el PP afronta el caso Montoro y el del alcalde de Estepona, mientras habrá elecciones en varias autonomías

España afronta 2026 con un clima político marcado por el desgaste institucional, la judicialización del debate público y un calendario de decisiones que, según politólogos y analistas, pondrá a prueba tanto la estabilidad del Gobierno como la credibilidad de la oposición.

El 2025 termina con algunos sobresaltos electorales para el PSOE, como el de Extremadura el pasado 21 de diciembre, y con la incertidumbre generada por la obligatoriedad de las balizas V-16 a partir de 2026.

También, según los analistas, con una sensación de cansancio político generalizado que se refleja en las encuestas, en el Parlamento y en la calle.

Por lo pronto, las autonomías de Aragón, Castilla y León y Andalucía tienen previstas sus elecciones para este año 2026, que serán un adelanto de lo que podría pasar en caso de un llamamiento general a las urnas.

El presidente Pedro Sánchez
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A diferencia de otros años, el foco no estará tanto en nuevas reformas ambiciosas como en la gestión de causas judiciales, ajustes presupuestarios y conflictos sociales latentes que condicionarán la agenda pública durante los próximos doce meses.

Un Gobierno bajo presión judicial y parlamentaria constante

Uno de los elementos centrales de las previsiones políticas para 2026 será el impacto acumulado de los casos judiciales que rodean al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Son cada vez más los analistas que coinciden en que el Gobierno afrontará el año más pendiente de los tribunales que de la iniciativa legislativa.

El denominado caso Koldo, con el juicio previsto en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y empresarios como Víctor de Aldama supuestamente vinculados a contratos públicos durante la pandemia, se perfila como el principal termómetro político del año.

Montaje de José Luis Ábalos y Koldo García.
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Aunque Sánchez no está imputado, los expertos subrayan que el relato político ya está instalado y que cada avance del procedimiento tendrá traducción inmediata en el debate parlamentario.

A ello se suma la investigación que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente, cuya instrucción se prolongará previsiblemente hasta la primavera de 2026.

Más allá del recorrido penal final, el caso seguirá alimentando una narrativa de desgaste que el Gobierno no ha logrado neutralizar.

Begoña Gómez
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En paralelo, el juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz, previsto para mayo de 2026, añade un nuevo frente simbólico que la oposición explotará como ejemplo de “entorno familiar bajo sospecha”.

Según politólogos, la estrategia del Ejecutivo será resistir, separar responsabilidades y evitar que estos casos contaminen la acción de gobierno.

David Sánchez.
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Sin embargo, reconocen que el goteo judicial limita la capacidad del Ejecutivo para marcar agenda propia y refuerza una legislatura defensiva, sostenida en equilibrios parlamentarios frágiles.

El PP busca capitalizar el desgaste, pero llega a 2026 con flancos abiertos

La oposición, liderada por el Partido Popular, tratará de convertir los casos que afectan al Gobierno en el eje central de su discurso político en 2026. Sin embargo, los analistas advierten de que el PP no llegará al nuevo año libre de controversias.

El denominado caso Montoro, que investiga presuntas irregularidades vinculadas al despacho Equipo Económico y a decisiones fiscales durante la etapa del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, seguirá activo al menos durante los primeros compases de 2026, tras la prórroga de la instrucción judicial.

Cristóbal Montoro
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Aunque la actual dirección del PP insiste en desvincularse del caso, los expertos subrayan que este tipo de procedimientos debilita el discurso anticorrupción y reactiva viejos debates sobre puertas giratorias y relaciones entre política y grandes empresas.

A este frente se suma la situación del alcalde de Estepona, José María García Urbano, investigado por la Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos.

José María García Urbano, alcalde de Estepona.
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El caso, aunque de ámbito local, ha adquirido relevancia nacional por su simbolismo y por afectar a uno de los feudos municipales más estables del PP en Andalucía.

En este contexto, 2026 tendrá también una dimensión electoral relevante con la previsible convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía, salvo adelanto.

Analistas territoriales señalan que esta cita servirá como banco de pruebas para medir el desgaste del Gobierno central y la solidez del liderazgo autonómico del PP, en un clima marcado por la polarización y la desconfianza institucional.

Medidas políticas, ajustes y un Parlamento en tensión permanente

Más allá de los tribunales, 2026 estará marcado por decisiones políticas de calado, especialmente en el ámbito fiscal y presupuestario.

El retorno pleno de las reglas fiscales europeas reducirá el margen de maniobra del Ejecutivo y obligará a priorizar el gasto público en un contexto de negociación constante con socios parlamentarios.

Economistas coinciden en que el debate presupuestario será uno de los grandes focos de conflicto del año, con tensiones entre consolidación fiscal, gasto social e inversión pública.

Entre las medidas ya previstas figuran el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el aumento de las bases máximas de cotización y la aplicación efectiva del impuesto mínimo global a multinacionales.

Montaje de Casa 47.
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Aunque estas decisiones responden a compromisos europeos, los analistas advierten de que tendrán un coste político interno, especialmente en un contexto de desaceleración económica y fatiga fiscal.

En el ámbito social, el Gobierno afrontará debates sensibles sobre el Salario Mínimo, las pensiones y la política de vivienda.

En particular, la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas políticos del país.

Expertos en políticas públicas subrayan que, pese a los anuncios de planes estatales, 2026 no traerá soluciones inmediatas al encarecimiento del alquiler y la compra, un fenómeno que afecta especialmente a jóvenes y rentas medias y que alimenta movimientos sociales como Casa 47, convertidos en expresión del malestar generacional.