El juez Juan Carlos Peinado procesa a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción en los negocios

Dos años de instrucción. Cien folios de auto judicial. Veinte testigos. Y cuatro delitos graves que apuntan a la esposa del presidente del Gobierno con una claridad que el Ejecutivo lleva meses intentando negar, relativizar y atribuir a la parcialidad del juez.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la instrucción del caso Begoña Gómez y ha decidido elevar las actuaciones a la Audiencia Provincial. Si el tribunal da luz verde al juicio oral, la esposa de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La pena máxima teórica suma hasta 15 años de prisión.

Begoña Gómez lo niega todo y su defensa solicita la nulidad del proceso alegando parcialidad del instructor. Y la Fiscalía, fiel a su papel en este Gobierno, ha recurrido señalando dilaciones y falta de pruebas.

Pero los indicios acumulados en cien folios, con hasta doce escenarios diferentes documentados por Peinado, no desaparecen por voluntad de las partes.

Los cuatro delitos y lo que significan

Tráfico de influencias. Utilizar la relación con el presidente del Gobierno para obtener beneficios económicos. El juez señala cartas de recomendación firmadas por Gómez en favor de empresarios como Juan Carlos Barrabés, que posteriormente obtuvieron contratos públicos. Pena máxima: 2 años.

Corrupción en los negocios. Favores en contratos privados a cambio de beneficios. El entramado de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que Gómez codirigía, aparece en el centro de esta acusación. Pena máxima: 4 años.

Malversación de caudales públicos. Uso indebido de fondos relacionados con la cátedra universitaria. La cátedra costó al erario público 55.000 euros. Hoy, la marca TSC Transformación Social Competitiva genera ingresos mediante consultorías a través de su empresa Trasforma TSC SL. Pena máxima: 6 años.

Apropiación indebida. Registrar a su nombre una marca y un software financiados para la UCM. El software TSC, que recibió miles de euros en donaciones privadas destinadas a uso universitario, fue patentado por Gómez como si fuera de su propiedad personal. Pena máxima: 3 años.

El juez ha descartado el intrusismo profesional, que habría añadido hasta dos años más. Es el único alivio parcial en un auto que, en todo lo demás, mantiene las acusaciones principales intactas.

Peinado describe las conductas de Gómez como «propias de regímenes absolutistas». Una frase que en La Moncloa ha sentado como un jarro de agua fría y aprovecdhan para descalificar tanto al magistrado como a su resolución.

Nada hubiera sido posible sin Sánchez

Y aquí está la cuestión que el Gobierno hace todo lo posible por mantener fuera del debate público, pero que es el núcleo de todo el asunto:

Begoña Gómez no era nadie en el mundo empresarial o académico antes de que su marido llegara a La Moncloa. No tenía un perfil profesional que justificara la codirección de una cátedra universitaria.

No tenía el peso específico que habría hecho que empresarios como Barrabés la buscaran como interlocutora. No tenía la influencia que hace que una carta de recomendación valga algo en los despachos donde se deciden las adjudicaciones públicas. Su ascenso fue paralelo al de Sánchez desde que retomó el poder dentro de Ferraz.

Lo que tenía es lo que le dio Pedro Sánchez: el acceso al poder más alto del Estado, la proximidad a quien firma los decretos, nombra a los ministros y puede favorecer o perjudicar a cualquier empresa que opere en España con presencia en sectores regulados.

Sin esa posición, las cartas de recomendación de Begoña Gómez no habrían valido el papel en que estaban escritas. Los empresarios no habrían cruzado su puerta. La cátedra no habría recibido donaciones privadas de empresas con intereses ante la administración. El software no habría sido patentado a su nombre porque nadie habría tenido interés en financiarlo.

El tráfico de influencias solo existe porque hay influencias que traficar.

Y las influencias de Begoña Gómez venían de una sola fuente: el presidente del Gobierno que comparte su cama y que, durante todo este tiempo, ha protegido a su mujer con una dedicación que ha incluido criticar al juez instructor,

cuestionar la legitimidad del proceso, movilizar a sus ministros y a sus terminales mediáticas para atacar a Peinado y mantener a la Fiscalía General del Estado en una posición que sus propios fiscales han criticado internamente.

El patrón que se repite

El caso Begoña Gómez no es un episodio aislado. Es coherente con el patrón que el Tribunal Supremo está desvelando sesión tras sesión en el juicio de la trama Ábalos.

Ábalos enchufaba a sus ex parejas en empresas públicas. Koldo cobraba 10.000 euros mensuales de un empresario con contratos del ministerio. Los sobres llegaban a Ferraz. El chalé de vacaciones lo pagaba Aldama.

La UCO sostiene que la estructura organizativa del PSOE funcionó durante ocho años como una organización criminal.

Y en todos estos casos, la pregunta que los investigadores y los jueces no pueden ignorar es siempre la misma: ¿cómo es posible que todo esto ocurriera durante años sin que el presidente que nombró a todos estos cargos, que dirigió el partido, que firmó los decretos y que aprobó los presupuestos lo supiera o lo permitiera?

La respuesta obvia es que nada de esto hubiera sido posible sin la connivencia, la protección o como mínimo la cómoda ceguera de Sánchez. No la corrupción de Ábalos. No las comisiones de Koldo. No el dinero en Ferraz. Y no, tampoco, el entramado empresarial de su propia esposa construido sobre la única palanca real que tenía: ser la mujer del presidente.

Peinado no lo dice explícitamente porque el objeto de su instrucción es Begoña Gómez, no Sánchez. Pero lo que documenta en sus cien folios es la infraestructura de un poder que no existe sin quien lo ejerce desde el centro.

La defensa del Gobierno: atacar al juez

La respuesta oficial ante cada nueva revelación judicial ha seguido siempre el mismo manual. Atacar al juez. Peinado es «militante del PP», según la versión que circula desde el Ejecutivo y sus medios afines. La instrucción es una «persecución política».

El proceso entero es una operación de la derecha para desestabilizar al Gobierno legítimo.

Es un argumento que tiene una utilidad táctica evidente: moviliza al electorado fiel que prefiere la narrativa de la conspiración a la incomodidad de los hechos.

Pero tiene un problema estructural: Peinado no inventó las cartas de recomendación. No inventó la marca TSC.

No inventó el software patentado a nombre de Gómez. No inventó las donaciones privadas. No inventó las reuniones con Barrabés.

Los documentos están ahí. Los testigos declararon. El auto tiene cien folios.

Un 60% de los españoles considera, según encuestas recientes, que Sánchez debería apartarse si su mujer es llevada a juicio.

Esa cifra incluye a votantes que no son de derechas, que no leen diarios críticos con el Ejecutivo sanchista y que no tienen ningún interés en la campaña de la oposición. Son ciudadanos que leen los hechos y sacan sus propias conclusiones.

Lo que viene ahora

La Audiencia Provincial tiene que pronunciarse sobre si da luz verde al juicio oral. Si lo hace, el caso podría ventilarse ante un tribunal con jurado para algunos de los delitos, lo que añade una capa de complejidad procesal y de impacto público que el Gobierno conoce perfectamente y que explica parte de su agresividad defensiva.

Si el juicio oral llega, Begoña Gómez se sentará en un banquillo a declarar sobre cartas de recomendación, software patentados y cátedras financiadas por empresas con contratos públicos. Y Pedro Sánchez, aunque no esté en ese banquillo, tendrá que explicar en campaña electoral por qué no vio nada, no supo nada y no hizo nada mientras todo eso ocurría bajo su propio techo.

Es la misma pregunta que tiene que responder sobre Ábalos. Sobre Koldo. Sobre Cerdán. Sobre los sobres en Ferraz.

**Título: Juicio a Begoña: Se Enfrenta a un Máximo de 15 Años de Cárcel y Sánchez, en Capilla**

**Introducción**

El juicio de Begoña ha comenzado, y con él, la atención mediática se ha centrado en las graves acusaciones que enfrenta, las cuales podrían llevarla a cumplir hasta 15 años de prisión. Este caso no solo involucra a Begoña, sino que también ha puesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una situación delicada, generando incertidumbre sobre su futuro político.

**Detalles del Juicio**

Begoña, cuya identidad ha estado en el centro de la controversia, se enfrenta a múltiples cargos que incluyen malversación de fondos y abuso de poder.

Durante la primera jornada del juicio, se presentaron pruebas que, según la fiscalía, demuestran un patrón de conducta delictiva. “Los hechos son graves y requieren una respuesta contundente”, afirmó el fiscal durante su intervención.

La defensa de Begoña, por su parte, ha argumentado que las acusaciones son infundadas y que se trata de un ataque político coordinado para desacreditarla. “Mi cliente es inocente y se defenderá con todas las pruebas necesarias”, aseguró su abogado.

**Impacto en Pedro Sánchez**

La situación de Begoña ha generado una ola de especulaciones sobre la posición de Pedro Sánchez, quien ha sido vinculado a ella debido a su cercanía política.

Muchos analistas políticos han señalado que este juicio podría tener repercusiones significativas en la estabilidad del Gobierno.

“Sánchez está en una situación complicada. Cualquier vínculo con este caso podría afectar su credibilidad y la de su administración”, comentó un experto en política.

Además, la oposición ha comenzado a utilizar este caso como un arma política, exigiendo explicaciones y pidiendo la dimisión de Sánchez si se demuestra algún tipo de complicidad.

**Reacciones del Público y Medios**

El juicio ha captado la atención del público, con una cobertura mediática intensa que refleja el interés por los detalles del caso. Las redes sociales han estallado con opiniones y comentarios, muchos de los cuales apoyan a Begoña, mientras que otros piden justicia y una respuesta firme por parte de las autoridades.

“Es hora de que se haga justicia. No podemos permitir que los que abusan del poder queden impunes”, escribió un usuario en Twitter, reflejando el sentir de muchos que siguen el caso de cerca.

**Conclusión**

El juicio a Begoña representa un momento crítico en la política española, no solo por las posibles consecuencias legales para ella, sino también por el impacto que podría tener en la administración de Pedro Sánchez.

A medida que avanza el proceso, la atención del público y los medios seguirá centrada en los detalles que salgan a la luz y en cómo este caso afectará el panorama político en el país. La búsqueda de justicia y la rendición de cuentas son más relevantes que nunca en este contexto.